El pasado mes de noviembre la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el Día Mundial de la Justicia Social. Se decidió poco después que ese día se celebrara el 20 de febrero. Sin embargo, y aunque en justicia social hay grandes déficits, el día pasó sin ser mencionado, ni, mucho menos, celebrado. No sólo por la sociedad civil en general, sino por el Estado salvadoreño, que debería reflexionar en ese día sobre sus avances o retrocesos en ese campo.
Más triste aún es que precisamente en tiempo de elecciones, este tema no se toque a penas, a pesar de lo fundamental e importante que es para El Salvador. Justicia Social ha sido una palabra que despierta ronchas criollas. Sin embargo, a nivel internacional las cosas parecen dirigirse en otra dirección. Son las Naciones Unidas las que dicen que lo que ese concepto de dos palabras significa es actual, necesario e indispensable para la convivencia humana.
La propia Iglesia Católica, en su compendio de Doctrina Social de la Iglesia, dedicado a Juan Pablo II y editado el año 2005, dice claramente que «gran parte de la enseñanza social de la Iglesia es requerida y determinada por las grandes cuestiones sociales, para las que quiere ser una respuesta de justicia social».
Justicia social, según las Naciones Unidas, hace referencia a la erradicación de la pobreza, al fomento del pleno empleo y al trabajo remunerado con salario decente, a la igualdad de género y al acceso al bienestar social (redes de protección social adecuadas) y la justicia para todos. Todo un programa que aunque tiene reflejos en nuestra propaganda electorera, no acaba de cuajar en la terminología ni siquiera de la izquierda.
Esta incapacidad de utilizar un término, por otra parte tan consagrado tanto en el vocabulario de la comunidad internacional, como dentro de la tradición mayoritaria de nuestro país, tiene sus causas. Una de ellas, no la principal, pudiera ser que el término se identificó en ocasiones con el discurso de quienes pretendieron cambiar la realidad social salvadoreña por la vía de la violencia. Pero la razón fundamental ha sido básicamente la terrible falta de responsabilidad social empresarial, y el odio de ciertos empresarios y medios de comunicación, no de todos, al término justicia aplicado a la relaciones sociales, laborales y económicas de El Salvador. Todo ello unido a un pensamiento de derecha económico y político incapaz de reconocer que hay demasiadas personas en El Salvador privadas de sus derechos económicos y sociales.
Es cierto que un grupo de empresarios con conciencia, agrupados en torno a FUNDEMAS y alguna otra institución, han iniciado en El Salvador una meritoria labor de impulso a la responsabilidad social empresarial. Algunos ingenios azucareros han dado pasos excelentes a ese nivel, y lo mismo otras empresas de capital nacional o internacional. Pero también es cierto que periódicos como El Diario de Hoy emprenden campañas contra las actividades de responsabilidad social de algunas empresas, como lo hicieron contra una empresa internacional que estaba ayudando a comunidades pobres cercanas a Cacaopera. O publican sendos editoriales recalcando que la justicia social es un término obsoleto y absurdo. Y que la mayoría de los empresarios y de la derecha criolla siguen festejando las bayuncadas editoriales de este periódico. Todo ello a pesar de la actualidad que le da no sólo el pensamiento bien fundado de la Iglesia Católica, sino la propia relevancia proporcionada, en estos tiempos de crisis, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los partidos políticos, incluso en contienda, se cuidan de no utilizar el término por miedo a desagradar a este último sector empresarial, todavía con demasiado peso en nuestra patria. Frente a una pobreza que ha venido creciendo, ante una crisis que se aproxima cada día más a nuestra tierra, frente a unas redes de protección social débiles, carentes de medicinas y de servicios adecuados, frente a un trabajo todavía alejado del salario decente, y sufriendo las consecuencias de una institucionalidad deficiente, floja e incapaz de enfrentar con eficiencia problemas como la violencia y la criminalidad, hablar de justicia social es una necesidad política, en el sentido más noble que tiene la palabra política: El sentido del servicio a las personas, a la democracia y al verdadero patriotismo.
Tal vez al año que viene, libres ya de las presiones electoreras, celebremos con mayor reflexión el día mundial de la justicia social. Y pensemos detalladamente en lo que significa justicia social para un país como el nuestro, marcado claramente por la injusticia social.
Pero es una lástima que el primer día mundial dedicado a la justicia social lo hayamos desperdiciado sin debate ni reflexión porque estamos más ocupados en gritar electoreramente lo que nos separa, en vez de recordar lo que nos debía unir: El dolor de nuestros hermanos más pobres y la injusticia social que padecen más de la mitad de los salvadoreños.
De momento sólo la Iglesia católica ha designado esta primera semana de cuaresma como semana de la solidaridad, que en la propia terminología está íntimamente ligada a la Justicia Social. Así lo consigna claramente el Catecismo de la Iglesia Católica. Ojalá este esfuerzo nos sirva a todos para ahondar en la Justicia Social, tan necesaria para todo el mundo y tan olvidada en nuestro país.
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:: José María Tojeira.