084. Venta de plazas en Corte Suprema de Justicia

Quien tuviera entre mil y 5 mil dólares podía acudir a la dirección de recursos humanos de la Corte Suprema de Justicia y pedir que le dieran empleo. La nueva administración del máximo tribunal descubrió una serie de anomalías que involucra a las anteriores autoridades, por las que ya se forzó la renuncia de la ex directora de personal.

Ana Ruth Macías, Directora de Recursos Humanos de la CSJ, participó el proceso de elección de los miembros propietarios y suplentes de la Comisión de Ética del Órgano Judicial. Junto a ella aparece el ex Presidente de la CSJ.

“Metí a dos personas. La primera vez fui y hablé directamente con ella. Era astuta, no me dijo que para ella era el dinero, sino que para acelerar las cosas, que había burocracia y más personas que tenían que firmar. Fueron mil 500 dólares los que costó porque la plaza era de ordenanza”. De esa manera “Juan” resume cómo aprovechó la práctica de venta de puestos de trabajo que sabía que existía en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y que ya está bajo investigación de los nuevos magistrados del máximo tribunal que asumieron sus cargos en julio pasado.

La venta de puestos de trabajo era más que un rumor en los pasillos de la Corte durante la anterior administración, bajo la presidencia de Agustín García Calderón. Trabajadores y magistrados sabían de la entrada irregular de empleados contratados a discreción, aunque con la peculiaridad de que habían pagado por obtener su puesto. A tal punto de refinamiento llegó la práctica, que incluso había tarifas. Un cargo de ordenanza valía entre mil y mil 500 dólares, mientras que un puesto administrativo con salario de más de mil dólares mensuales podría costar hasta 5 mil dólares.

Aquel ordenanza que logró su ingreso en 2008, pagó los mil 500 dólares hasta después del primer día de trabajo en la Corte, ya cuando tenía todo asegurado. “Una vez estaba adentro, ya con carné y todo, la licenciada Macías me dio un número de cuenta en el cual hacer el depósito”, relata Juan, citando por su nombre a la que entonces era directora de recursos humanos, Ana Ruth Macías.

Fuentes que conocen de primera mano los hallazgos que ha hecho la nueva administración revelan que en su carta de renuncia, Macías destaca como legado suyo en la institución un “eficiente y moderno” sistema de contrataciones en el Órgano Judicial. La misiva, fechada 28 de agosto pasado y a la cual tuvo acceso El Faro, va dirigida al presidente del máximo tribunal y llegó al despacho de algunos magistrados a las 4 de la tarde del mismo día.

Lo que la carta dirigida a Jaime no incluye es una explicación sobre las irregularidades que le imputaron los mismos magistrados y por las cuales le pidieron la renuncia. Los magistrados aún no saben las dimensiones de las irregularidades que dejó como herencia la anterior administración, pero temen que la práctica de venta de plazas sea solo una muestra de una serie de anomalías o abusos, como los que Jaime ya había denunciado recién iniciado su mandato al explicar que los magistrados recibían un exceso de vales de combustible y cuatro automotores cada uno costeados por el Estado.

Ahora, sobre Ana Ruth Macías pesa una investigación interna que incluye la revisión de más de 400 contrataciones que realizó en los últimos años. Los magistrados aún no tienen claro en cuánto tiempo se llenaron esas plazas, que pertenecen a un lote de 600 que la Corte mantenía en calidad de reserva en caso de necesitar hacer contrataciones extraordinarias.

También pidieron una auditoría especial a la Corte de Cuentas, que envió la notificación de que empezaría a auditar el viernes 28 de agosto pasado, justo el último día de trabajo de la ex funcionaria.

Ante los rumores que encontraron al llegar a sus cargos, los nuevos magistrados optaron por recoger testimonios de empleados que pagaron para ser contratados. Dos aceptaron revelar cómo entraron. Después del testiminio jurado de estas dos personas, supieron que los rumores que llegaron a sus oídos al asumir sus cargos tenían fundamento. También fueron entendiendo el poder que tenía la directora de recursos humanos, sin cuya firma y sin la del ex presidente García Calderón no podía entrar nadie.

El caso que provocó el primer debate formal en sesión de los magistrados de todas las salas de la Corte, fue por la contratación del hijo de un magistrado de la Corte de Cuentas. Fue jueves 30 abril cuando la magistrada Mirna Perla se quejó del fichaje del hijo de Abdón Martínez, magistrado por ARENA en la Contraloría de la República. Abdón Martínez Lacayo tiene una plaza como colaborador jurídico IX, que en términos de salario es lo máximo que hay en la Corte. Pero lo más peculiar fue que hasta su nombramiento, las plazas de colaborador jurídico llegaban hasta el número romano VIII. En el proyecto de presupuesto del Órgano Judicial para 2010, ese puesto aparece como plaza única.

Más allá del número romano, la diferencia entre un colaborador rango IX y otro rango VIII es el salario: el hijo del magistrado de la Corte de Cuentas gana 2 mil 500 dólares, 320 dólares más que lo que gana un colaborador grado VIII.

La contratación de Abdón Martínez Lacayo está aprobada en el acuerto 140 de Corte plena fechado 30 de marzo de 2009. El salario que devenga sale de la Unidad de Presupuesto 01 y tomó posesión del cargo el 14 de abril de este año. 15 días después, la magistrada Perla metió el debate al pleno.

La investigación está abierta: hay casos de personas que pagaron por un puesto para el que no cumplen el perfil, personas que denuncian haber pagado por un puesto de trabajo para el que tenían méritos y personas que denuncian que hay familiares de magistrados que entraron por el único mérito de ser familiares de magistrados.

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:: Serio Arauz, Periódico Digital El Faro.
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