088. El Salvador, verdad contra impunidad

El Salvador es el país más pequeño no solo en América Central sino en todo el continente americano. Es, también, el país más poblado y, junto con Nicaragua, el más empobrecido. Somos en El Salvador, dentro del territorio nacional de aproximadamente 20,000 km2, casi 7 millones de habitantes. Además tenemos cerca de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que, amenazados por la persecución política y la pobreza durante la guerra civil (1981-1992) y exclusivamente por la pobreza y el desempleo durante los años de la posguerra hasta el día de hoy, han huido del país. Son más de tres millones esparcidos por el mundo, aunque fundamentalmente los encontramos en Estados Unidos, Canadá, México y Australia.

En El Salvador, además de la población siempre creciente desde que yo recuerdo, ha existido otro elemento que también ha tenido una tasa de crecimiento fuerte aunque cambiante en sus modalidades: la impunidad.

Se pueden encontrar niveles altos de impunidad al menos desde el año 1932, cuando se dio la gran masacre de campesinos, en su mayoría indígenas (cfr. Decreto de Ley de Amnistía 1932). Sin embargo creo que es más interesante ceñirse a tiempos más recientes, a los años de la guerra, los Acuerdos de Paz y la posguerra. Y al hacerlo nos damos cuenta que, todavía hoy, las cosas no han cambiado.

La Comisión de la Verdad, creada por la ONU como parte de los acuerdos de paz, tenía como misión estudiar: “las graves violaciones ocurridas desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad.” [1]

Un poco más adelante se dice: “Se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos.” [2]

En una de sus conclusiones la Comisión de la Verdad dice, al hablar de los ‘grupos armados ilegales’ (escuadrones de la muerte) cómo estos actuaban con absoluta impunidad. Un poco más adelante, al narrar cómo a medida que el conflicto se recrudecía, se incrementaba el poder de las cúpulas militares cuya consecuencia fue: “Un estado en el que ciertos y determinados elementos de la sociedad se encontraron inmunes a cualquier contención gubernamental o política y fraguaron, así, una abyecta (Despreciable) impunidad” [3]

Hay más citas, en el mismo informe de la Comisión de la Verdad que confirman la existencia vigente y rampante de la impunidad. La pregunta que surge es: ¿Qué es la impunidad? Y la respuesta la podemos dar con el Fiscal anticorrupción Carlos Castresana que dice: “Cuando hablamos de impunidad, para centrar un poco la materia, se está hablando de una inefectividad del derecho. El derecho existe, las normas están en vigor, han sido debidamente aprobadas esas normas y sin embargo, por alguna razón, no se aplican, no obtienen consecuencias prácticas y concretas.” [4]

Y esta es la historia de más de 70 años en nuestro país. Además, esa inefectividad del derecho no incluye a todo el ámbito del derecho sino al derecho de los Derechos Humanos.

En El Salvador existen dos versiones del mismo país: la de las víctimas y la de los victimarios, es decir la de aquellos que nunca fueron beneficiarios de la justicia y la de los que siempre se cobijaron bajo esa gran sombrilla de la impunidad. Puesto de forma ligeramente diferente, la de los muchos que nada o casi nada tienen y la de los pocos que todo lo poseen. La de los que sufren una constante inseguridad en sus vidas y la de los que pagan para mantener su seguridad. La de los que no tienen en su patria cómo existir y se ven forzados a emigrar buscando oportunidades y la de los que derrochan su dinero viajando. Lamentablemente, se conoce normalmente la opinión de los victimarios y nunca o casi nunca la de las víctimas.

Pro Búsqueda es una Asociación de Víctimas, formada por familiares de aquellas niñas y niños que fueron víctimas de desaparición forzada a manos de la Fuerza Armada de El Salvador. Estas niñas y niños, hoy jóvenes, son víctimas que fueron, muchas de ellas, vendidas en adopción y que han tenido que vivir desde su desaparición hasta hoy con una identidad alterada e incompleta. Sus familiares son víctimas también, que no han tenido la posibilidad de cuestionar a los perpetradores de este horrendo crímen y preguntarles por el paradero de sus hijas e hijos. ¿Caín, qué has hecho con tu hermano Abel?

Los desaparecidos en general y las niñas y niños desaparecidos en concreto no son cosas del pasado para la memoria. Son siempre víctimas de un delito actual, del presente. El desaparecido es víctima de un delito permanente. Para los victimarios, el desaparecido es considerado como un no-ser. El Estado que garantiza la impunidad no quiere reconocer a la víctima su carácter de humano.

Los familiares se ven forzados a vivir en una penumbra, habitada por dudas, recuerdos y fantasías. Se les mantiene en un estado de crueldad y tortura permanente. Viven una angustia suspendida en el tiempo. No pueden saber si sus hijos e hijas están vivos o muertos. En caso de estar muertos no pueden enterrarlos ni elaborar el proceso de duelo. Es un caso de maldad extrema.

A Pro-Búsqueda le tocó, en un primer momento, probar que había niñas y niños desaparecidos. Y ante una opinión generalizada que decía que era una tarea irreal, inalcanzable e imposible y que nunca los encontraríamos vivos porque se los llevó la Fuerza Armada, Pro-Búsqueda se puso del lado de las víctimas y las escuchó. Aprendió la verdad de las víctimas y creyó en ella. Al hacerlo cumplíamos con nuestro primer deber: escuchar de una vez por todas lo que las víctimas tienen para decirnos sobre sí mismas. Además, con este hecho tan simple de escuchar y creer la verdad de las víctimas, se estaba reconociendo su dignidad. Nunca antes habían sentido aquella experiencia.

Las víctimas se involucraron en el proceso de búsqueda. En diciembre de 1993, se encontraron los primeros cinco jóvenes. El reencuentro de estos jóvenes con sus familias biológicas, hizo nacer una nueva esperanza en los familiares. “Si estos están vivos, los nuestros también pueden estarlo.” La esperanza, que por primera vez despertaba en aquellas familias se concretó en un compromiso: “Tenemos que buscarlos hasta encontrarlos, porque están vivos.”

Se procuró organizar a los familiares y darles grados de responsabilidad en el trabajo de búsqueda y acompañamiento, atendiendo al mismo tiempo sus necesidades en grupos de salud mental y grupos de autoayuda. Era necesario organizar a los familiares. Nos dimos cuenta, además, que desde las víctimas teníamos algo importante que nos daba fuerza: la verdad.

La primera acción tomada fue presentar el caso de las hermanas Serrano Cruz ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango.

Se pensó, además, que era necesario intentar que las diferentes instituciones del Estado cumpliesen con el fin para el que han sido creadas. Se acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se le presentaron 141 casos de desapariciones de niñas y niños de los que La Procuraduría seleccionó cinco casos con ocho víctimas. Después de la investigación de la Procuraduría, en su resolución, se declaraba la responsabilidad de la Fuerza Armada en todos los casos que habían estudiado. Una institución del Estado estaba confirmando oficialmente lo que Pro-Búsqueda había dicho desde el comienzo.

Con el respaldo del informe de la Procuraduría, se llevaron otros casos a los juzgados. En el caso de las hermanas Serrano existía una testigo que había visto a las hermanas Serrano cuando eran bajadas del helicóptero. Sin embargo, el caso fue archivado en dos ocasiones y ante presiones de Pro-Búsqueda se reabrió por última vez en mayo de 1998.

Se acudió a la Corte Suprema de Justicia y en 1995 se interpuso un recurso de Habeas Corpus. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador indicó que no era este el medio adecuado para investigar la desaparición de las hermanas Serrano.

Se pretendió, también, que la Asamblea Legislativa adoptara medidas para que el Estado de El Salvador asumiera su responsabilidad en la búsqueda. Para ello, se presentó un anteproyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda por decreto legislativo, para tener fuerza de ley cuando solicitásemos información de la Fuerza Armada. El anteproyecto de Ley se presentó en Octubre de 1999. Ante el silencio de la Asamblea, se presentó dos años después una nueva solicitud que posibilitase retomar el tema de la Comisión Nacional de Búsqueda. Hasta el día de hoy no se ha tenido respuesta alguna, ya que los partidos ARENA y PCN no han permitido que el tema se trate en reunión plenaria de la Asamblea. En ambos casos la solicitud se ha presentado con presencia de niñas y niños familiares de los desaparecidos .

Después de haber visto el caso Serrano Cruz en el juzgado de Chalatenango y de haber presentado los recursos de Habeas Corpus, el caso fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que se habían agotado las instancias internas de justicia. La Comisión recibió el caso y después de estudiarlo lo admitieron. En audiencia celebrada ante la Comisión con presencia de representantes de Pro-Búsqueda y del Estado, arguyó el Estado que había formado la Comisión de Búsqueda. La afirmación era falsa. Al regreso a El Salvador fue necesario desmentir públicamente lo afirmado por el Estado en Washington. Se creó entonces un sustituto de la Comisión de Búsqueda a la que se le llamó ”La Mesa del Procurador” (Procurador General de la República). Después de un año de reuniones y trabajos infructuosos, al no conseguir resultados positivos, Pro-Búsqueda se retiró de esta instancia. En todo este trabajo, pese a que coordinaba el trabajo una instancia del Estado, la Fuerza Armada se negó a proporcionar información. Sin embargo, se consiguió que la Procuraduría General de la República firmase un pequeño convenio con Pro-Búsqueda para agilizar los procesos y juicios de identidad y así poder legalizar la verdadera identidad de aquellos jóvenes, ya que los niños que encontramos, jóvenes en este momento, habían vivido toda su vida con una identidad alterada y falsa.

Durante el proceso ante la Comisión Interamericana se tuvieron una serie de reuniones infructuosas con el Estado para intentar llegar a una solución amistosa en el caso. Sin embargo, después de un año, se remitió de nuevo el caso a la Comisión por la negativa del Estado a llegar a un acuerdo. La Comisión decidió remitir el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo comenzó una nueva etapa, distinta a las anteriores por la naturaleza de las acciones y por ser la primera vez que el Estado de El Salvador era llevado ante la Corte Interamericana por haber cometido una violación grave a los Derechos Humanos, concretamente por desaparición forzada.

El proceso iniciado ante la Corte Interamericana dejó patente nuevos y muy altos niveles de impunidad, algunos de los cuales aparecen en la misma sentencia de la Corte Interamericana por el caso Serrano Cruz. En primer lugar, por acción directa de la Fiscalía General de la República se coaccionó a la testigo principal, una persona muy sencilla, para que cambiase su declaración ante el juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, ciudad en la que estaba depositado el caso. Además, se presentaron testigos falsos que pretendieron mostrar que las niñas nunca habían existido. Este hecho fue probado como falso por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y quedó en evidencia en la vista pública del caso en Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, por la misma declaración de la testigo.

El fiscal y la jueza del caso practicaron inspecciones y secuestro de los libros de registro de las partidas de bautismo que estaban depositados en la Catedral de Chalatenango. Para poder hacerlo utilizaron una figura legal que únicamente se aplica para hechos delictivos. Todas estas acciones fueron utilizadas para sustentar la tesis del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decía que las niñas Serrano nunca habían existido y que el juicio era una estratagema (artimaña) de la familia Serrano para desacreditar al Estado y obtener una reparación económica por la desaparición de las dos niñas.

Las actuaciones del Estado en el caso contencioso de las hermanas Serrano son una muestra de cómo opera la impunidad en el sistema de justicia. El Estado cambió totalmente el rumbo en la investigación penal. Así todas las diligencias practicadas por el Estado desde finales del año 2003 y todas las actuaciones de la jueza del caso y de la Fiscalía General de la República iban encaminadas a defender al Estado y nunca pretendieron buscar a las niñas víctimas de desaparición forzada y mucho menos a los responsables de la desaparición que no era otro que el batallón Atlacatl, entrenado en los Estados Unidos. El fiscal del caso fue premiado por su corrupción y falta de profesionalismo con un nuevo puesto en la Comisión de Derechos Humanos que el Estado ha creado en la Cancillería, que es la unidad encargada de parte del Estado para ejecutar la sentencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar las actuaciones del Estado en la aplicación de la justicia, condenó al Estado por violación de las garantías judiciales y además pide que se investiguen las actuaciones del fiscal del caso.

El cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana está siendo otra muestra de no hacer caso a la ley, aunque ésta esté vigente, y actuar como “a mí me conviene”.

El Estado tendría que haber cumplido con cinco puntos de la sentencia antes del 29 de septiembre del presente año (2005). Sin embargo, su cumplimiento ha sido parcial en algunos puntos y un incumplimiento total en otros. Ha existido un total incumplimiento en la creación de la Comisión de Búsqueda. La Comisión creada por el Estado dista mucho de ser la recomendada por la sentencia de la Corte Interamericana. Tampoco se ha cumplido el investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada de las hermanas Serrano ni se ha dado seguimiento a su caso. Sin embargo, se ha informado a Comisiones Internacionales y se ha publicado que ha existido un cumplimiento total y exacto de la sentencia.

Ha existido incumplimiento también en la creación del día de la niñez desaparecida. Se ha creado en su lugar el día del “reencuentro de niñas y niños que se extraviaron…” Tampoco se ha cumplido este punto.

La página web de búsqueda está incompleta. No se ha dado atención médica y psicológica a la familia Serrano y si se ha publicado la sentencia en un matutino de difusión nacional, aunque con una letra demasiado pequeña que imposibilitaba el ver el texto de la sentencia.

Se ha difundido en los medios de difusión local que el Estado ha cumplido con lo dicho por la sentencia. El cumplimiento que ha hecho el Estado ha sido parcial en algunos puntos y absolutamente incumplimiento en otros. Se han hecho rapiñas a la verdad. Me atrevería a llamar al Estado ‘depredadores de la verdad’.

Si quisiera dejar constancia que lo mucho o poco que se ha conseguido ha sido por el esfuerzo y lucha constante de las víctimas que se han unido y organizado para poder buscar, encontrar y reunirse con sus hijas e hijos desaparecidos.

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:: Jon Cortina, S.J.

Ensayo presentado por el Padre Jon Cortina en el Congreso Internacional de la Ayuda Médica : La Justicia Cura - La Lucha Internacional Contra Impunidad, que se realizó en Bochum, Alemania, del 14 al 16 de Octubre de 2005.

[1] Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, 1993. El mandato, p.9.
[2] Ibid. p.9.
[3] Ibid. p.186.
[4] Carlos Castresana: “Lucha contra la impunidad” en jornadas contra la tortura, organizadas por Amnistía Internacional, Valencia, 28 de noviembre, 2002.