Con la creación de las normas, surgen mecanismos que vigilan el cumplimiento de estas, y por ello se crea el poder de Estado, creado por la norma para que se cumplan las normas.
Así, el Poder de Estado es creado por ciertas normas fundamentales, que en todo Estado su encuentran establecidas en una Constitución.
La Constitución contiene las normas fundamentales como el derecho a respetar la vida del ser humano, su derecho a la integridad física y moral y a la libertad. También incluye la creación y organización del Poder de Estado dividido en órganos.
Entonces, las normas se convierten en ley, para que toda actividad social y estatal quede bajo el dominio de la norma, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para el respeto absoluto del ser humano y del orden público, así surge el Estado de Derecho.
Ahora, si la Ley y el Poder de Estado se someten bajo el cumplimiento de las normas Constitucionales, entonces existe un Estado Constitucional de Derecho.
¿A que queremos llegar?
Si en El Salvador existe una ley que ponga en riesgo el Derecho a la vida, como por ejemplo, la que permite la minería metálica, debe prevalecer la norma fundamental prescrita en la Constitución sobre el respeto al Derecho a la vida por encima de la ley.
Si la minería metálica produce contaminación en la sangre por la presencia de metales pesados en esta, a través de la ingesta del agua, vegetales y carne contaminada, se pone en riesgo el Derecho a la Vida que la Constitución proclama, defiende y garantiza.
Nuestro país está en riesgo de pagar a la Transnacional Pacific Rim, la cantidad de 70 millones de dólares, siendo responsable el gobierno de turno, en permitir la exploración minera, que desde un principio se sabía, ponía en riesgo el derecho a la vida de habitantes en el Departamento de Cabañas.
Si el Poder de Estado, tomara la iniciativa de respetar la Constitución de la República, para que existiera un Pleno Estado Constitucional de Derecho, nos ahorraríamos tantos problemas.
Si el gobierno, el presidente, cada diputado, juez y funcionario público se lanzara a la sencilla tarea de respetar toda norma Constitucional que proclama los derechos del ser humano, se desarrollaría una situación diferente de respeto absoluto a los derechos de las personas en nuestro país.
La norma no crea el poder para el beneficio de unos pocos; la norma crea el poder para que se respete el Derecho del Pueblo.
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